La difícil tarea de cazar el turismo 'en negro'

A pesar de los esfuerzos de la Junta, la negativa a pagar impuestos o a remodelar edificios lastra la regulación seis meses después de implantarse

Juanjo Cerero

Cada vez más gente prefiere quedarse en pisos para turistas cuando viaja. Una cierta culpa occidental que huye de los hoteles al uso y los recorridos marcados con audioguía –cuando las ciudades se convierten en escaparates más que en entes vivos– ha disparado la demanda de este tipo de alojamiento. Según las últimas estadísticas de movimientos turísticos en frontera, publicadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE), hasta el 15% de los turistas que eligieron Andalucía como destino declararon venir a una vivienda en alquiler.


Con el objetivo declarado de mejorar la calidad del servicio a los turistas, y tras varias peticiones del sector de la hostelería pidiendo que se regulase un sector en directa competencia, la Junta de Andalucía se puso en marcha en febrero para iniciar un proceso de regulación de estos establecimientos, similar al que desde hace décadas poseen los apartamentos turísticos y ‘apartahoteles’. Tres meses después entró en vigor el decreto que obliga a quienes disponen de una vivienda dedicada a fines turísticos a inscribirse en el Registro de Turismo de Andalucía para poder funcionar legalmente.

Seis meses después de aquel día, 1.227 propietarios han iniciado los trámites para regularizar la situación de sus inmuebles, según los datos que facilitó a este periódico la delegación granadina de la Consejería de Turismo. 1.023 han recibido el permiso inicial para operar, y otros 797 ya cuentan en la provincia con el aprobado definitivo de la administración.


Sin embargo, no parecen ser mayoría quienes cumplen ya con la ley. La oferta de este tipo de vivienda en la red es muy superior a las peticiones realizadas. En algunos portales la duplica, y en otros llega hasta a multiplicarlo por cuatro, como ocurre en el caso de AirBnB, quizá el más famoso de lo que operan en España, que registró hasta 5.023 ofertas publicadas en los últimos treinta días. En la mayor parte de los casos, es muy difícil encontrar en los anuncios de estos portales el número de registro de la vivienda turística, un requisito legal impuesto por el decreto andaluz que entró en funcionamiento en mayo.

De hecho, según los datos recogidos por la web AirDNA, que estudia el mercado de AirBnB, sobre el número de viviendas disponibles en cada región andaluza, Granada es la provincia donde más actividad hay en relación con viviendas dedicadas a fines turísticos. Sevilla, por ejemplo, la segunda región con más oferta, tiene un 17,02% menos de anuncios publicados, con 4.162. En términos relativos a la población la diferencia es aún más abultada. Siempre según los datos de AirBnB proporcionados por el portal AirDNA, las 5.023 ofertas disponibles en Granada suponen que hay alrededor de 50 ofertas por cada 10.000 habitantes. En este caso, el segundo lugar del escalafón sería para Almería, con 35 ofertas por cada 10.000 habitantes, y Sevilla quedaría relegada al tercer lugar, con 22. Del total de ofertas registradas en el territorio andaluz por AirDNA, 14.860, una de cada tres es de una vivienda de Granada. Sin embargo, los 1.277 procesos de regularización iniciados en la provincia hoy son el 8% de los 15.978 en marcha en el conjunto de la Comunidad Autónoma, lo que muestra una descompensación entre la oferta legal y ‘en negro’.


La Federación de Hostelería de Granada, explica Trinitario Betoret, su Presidente, calcula que hay unas 6.000 plazas ilegales de vivienda turística en oferta. Otras compañías, como Exceltur, elevaban la cifra hasta casi las 9.000 plazas en un informe publicado el pasado verano.

Evitar a Hacienda

Lucas (nombre ficticio) es propietario de una vivienda para fines turísticos en el centro de Granada. Ha pasado este mismo verano por el proceso de regularización sin contratiempos. En su opinión, la razón más importante por la que aún hay tantos inmuebles de este tipo que no han realizado estos trámites es muy sencilla: «se gana más dinero si no tienes que pagar impuestos», que es algo que al común de los mortales le ha enseñado la extensa literatura –y en épocas más recientes, televisión– sobre negocios poco limpios pero sin duda lucrativos. «Hay personas a las que es muy posible que, de entrada, todo lo que suponga una regularización le tire para atrás». Además, resume, ser legal «da más trabajo»: hay que llevar un control exhaustivo y reglado, compartido con las autoridades, de quién entra y sale de la vivienda por motivos de control y de seguridad, entre otras cosas. Y fuera de la ley no hace falta adecuarse a las normas de edificabilidad impuestas por el decreto de la Junta de Andalucía. Lucas explica que eso «te puede costar mucho dinero», si tienes que arreglar o reformar un piso viejo, como muchos de los que hay en zonas como el Centro, donde cada año aumenta el número de inmuebles de este tipo que se ofrece a los turistas. «Pero si uno quiere hacerlo», continúa, «no hay mucho problema: yo hice lo mío con ayuda de un abogado porque quería enterarme de cómo me iba a salir la cuenta en términos fiscales, pero el papeleo está bastante claro desde el principio y no te ponen grandes problemas». De hecho, una de las ventajas del decreto autonómico es que, cuando se inician los trámites para regularizar la vivienda, la Junta acepta por defecto la petición y otorga un número de registro que permite operar al propietario. En algún momento posterior, los inspectores se pasarán por la vivienda a comprobar que se cumplen todos los requisitos legales. «A la mía todavía no han venido», explica Lucas, «y eso que inicié los trámites en julio y ya estamos a noviembre».


Vivienda turística no es lo mismo que apartamento turístico: el trabalenguas legal

Con la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) del decreto que regula los pisos turísticos el pasado mes de febrero, la figura de la vivienda para fines turísticos adquiere reglas distintas de otras con una denominación en apariencia similar, como puede ser el apartamento turístico. Aunque este tipo de uso para una vivienda estaba regulado antes por la Ley de Arrendamientos Urbanos, el crecimiento y mutación del mercado turístico, así como el Plan Nacional Integral de Turismo 2012-2015, han provocado que finalmente estas viviendas tengan regulación específica para garantizar las condiciones de seguridad y calidad. Sin embargo, hay diferencias apreciables que no requieren meter las narices en insondables textos legales: como explica Lucas, propietario de uno de estos inmuebles, «mientras que los apartamentos turísticos suelen estar por lo general gestionados por empresas de manera muy similar a como pueden gestionar un hotel, el mercado de estas nuevas viviendas para fines turísticos es sobre todo un asunto entre personas particulares».


Hasta 18.000€ de multa por no legalizar

El decreto de la Junta de Andalucía que regula este nuevo tipo de alojamiento, la vivienda para fines turísticos, contempla también un régimen de sanciones contra quienes incumplan la normativa, ya sea no regularizando la situación del inmueble del que la persona sea propietaria o incumpliendo las normativas de edificabilidad, que regula el tamaño mínimo de las habitaciones, salones o pasillos, o cualquiera de los otros requisitos, como disponer de hojas de reclamaciones, etcétera. El régimen de sanciones que se aplique contra quien incumpla estos preceptos está definido en la Ley del Turismo de Andalucía, publicada en su formulación más reciente en diciembre de 2011.

Estas infracciones podrán ser consideradas como leves, graves o muy graves. Aunque en ningún caso se prescriban penas de cárcel asociadas a este nuevo decreto, las sanciones pueden llegar a ser muy elevadas. Mientras que una infracción leve puede resolverse con un simple apercibimiento por parte de las autoridades, o con una multa de 2.000 euros, en el caso de las muy graves el monto total de la multa puede alcanzar los 150.000 euros, con 18.000 como tope mínimo a pagar.

Para el caso que quizá sea más común en estos meses, el de quienes oferten las viviendas de manera clandestina, la sanción estará entre 2.000 y 18.000 euros, según la citada ley.