'Operación Nazarí': La «organización criminal» que gestionó el urbanismo de Granada

Texto: Q. Chirino, M.V. Cobo, C. Morán, J.R. Villalba | Diseño y código: J. Cerero y F. Novo

Si las sospechas y los indicios que maneja la Policía Nacional acabasen por demostrarse ciertos, resultaría que la ciudad de Granada habría estado gobernada desde principios del milenio por una «verdadera organización criminal» en cuya «cúspide», y siempre presuntamente, figurarían el exalcalde José Torres Hurtado –suspendido de militancia por el PP–, la exconcejala de Urbanismo, Isabel Nieto, y el funcionario municipal del área de Urbanismo Manuel Lorente, que harían las funciones de ‘lugartenientes’ del exregidor.

Ese fue el desolador punto de partida de la ‘Operación Nazarí’, un terremoto judicial y político que, el pasado mes de abril, se saldó con la detención de Torres Hurtado y Nieto, y la posterior dimisión de ambos –además, el PP perdió la alcaldía, que pasó a manos del PSOE–.

Tras diez meses de pesquisas reservadas, el levantamiento del secreto de las investigaciones acordado el 7 de noviembre por la magistrada María Ángeles Jiménez, titular del Juzgado de Instrucción 2 de Granada, ha dejado al desnudo el enquistamiento en el Ayuntamiento capitalino de una presunta «trama corrupta» que «estaría actuando como una verdadera organización criminal, al cumplir con todos los requisitos establecidos por la legislación actual, en relación a la existencia de una pluralidad de personas –siempre los mismos políticos, funcionarios municipales y empresarios–, con una estabilidad en el tiempo, una jerarquía establecida y un reparto de funciones entre los integrantes de la» supuesta red delictiva, según el atestado policial que dio inicio a la ‘Operación Nazarí’ y al que ahora ha tenido acceso IDEAL.


(Puede interactuar con el gráfico con el ratón y averiguar los detalles de su implicación en el caso haciendo clic sobre las fichas)

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También han sido investigados dos abogados relacionados con José Julián Romero y un registrador de la propiedad


En total, hay 18 personas y once empresas investigadas por la presunta comisión de los delitos de cohecho, fraude en la contratación, asociación ilícita, prevaricación, tráfico de influencias, estafa, falsedad en documento mercantil, administración desleal, contra la ordenación del territorio y malversación de caudales públicos.

En este sentido, los manejos presuntamente ilegales de este grupo habrían supuesto un perjuicio de unos veinte millones de euros a la ciudad, es decir, a todos los granadinos, en, al menos ocho operaciones urbanísticas.

Agustín BeldaAsociación ilícitaPrevaricaciónCohechoMalversación de caudales públicosFraude en la contrataciónTráfico de influenciasEmilio MartínFraude en la contrataciónMalversación de caudales públicosAsociación ilícitaCohechoPrevaricaciónTráfico de influenciasEnrique LegerénCohechoFraude en la contrataciónInformación privilegiadaMalversación de caudales públicosTráfico de influenciasAsociación ilícitaGaspar NavarroAsociación ilícitaMalversación de caudales públicosTráfico de influenciasPrevaricaciónFraude en la contrataciónIsabel NietoTráfico de influenciasAcoso laboralContra la ordenación del territorioMalversación de caudales públicosAsociación ilícitaCohechoFraude en la contrataciónPrevaricaciónFalsedad documentalJ. C.Malversación de caudales públicosTráfico de influenciasJ. L. M.Falsedad documentalMalversación de caudales públicosTráfico de influenciasAsociación ilícitaContra la ordenación del territorioAdministración deslealEstafaJosé Julian RomeroFraude en la contrataciónInformación privilegiadaAdministración deslealTráfico de influenciasCohechoEstafaContra el medio ambienteContra la ordenación del territorioJosé Torres HurtadoFraude en la contrataciónTráfico de influenciasCohechoFalsedad documentalPrevaricaciónAsociación ilícitaMalversación de caudales públicosBlanqueo de capitalesM. F. D.Asociación ilícitaFraude en la contrataciónEstafaFalsedad documentalContra la ordenación del territorioContra el medio ambienteAdministración deslealM. P. B.Malversación de caudales públicosPrevaricaciónFraude en la contrataciónAsociación ilícitaTráfico de influenciasCohechoManuel LorenteContra la ordenación del territorioMalversación de caudales públicosTráfico de influenciasFraude en la contrataciónCohechoBlanqueo de capitalesAsociación ilícitaAcoso laboralPrevaricaciónMaría Paz SpínolaFraude en la contrataciónContra la ordenación del territorioMalversación de caudales públicosAsociación ilícitaFalsedad documentalCohechoMercedes LópezCohechoContra la ordenación del territorioFraude en la contrataciónAsociación ilícitaMalversación de caudales públicosTráfico de influenciasPrevaricaciónR. M. J.Contra la ordenación del territorioFalsedad documentalEstafaFraude en la contrataciónAsociación ilícitaRoberto García ArrabalTráfico de influenciasCohechoContra la ordenación del territorioInformación privilegiadaFraude en la contrataciónMalversación de caudales públicosAsociación ilícita

Respecto al modo de operar de la supuesta trama corrupta, la documentación policial, que, a grandes rasgos, cuenta con el aval de la fiscalía y del juzgado, explica que la «organización» imponía «criterios no acordes con la legalidad urbanística» para lograr que salieran adelante ‘convenios’ que prácticamente siempre beneficiaban a los mismos empresarios y familiares de los investigados. Ysi algún funcionario ponía pegas y reparos, era presionado o apartado de sus responsabilidad para que no estorbara. «La presión sobre los funcionarios se materializaba mediante la amenaza de desplazarlos de su puesto de trabajo, relegándolos a puestos inferiores o sin actividad laboral, o incluso con echarlos de Urbanismo», describe la Policía Nacional.

Jerarquía férrea

Respecto al escalafón por el que se regiría la presunta organización «criminal», el «desarrollo de la investigación» evidenció «la existencia de una jerarquía férreamente establecida» que no se correspondería «con el organigrama de la gerencia o concejalía de Urbanismo», sino que habría «una estructura de poder que sería» la que «manejaría realmente los asuntos urbanísticos». Resumiendo, que la trama habría creado un área de Urbanismo en la sombra que sería el que verdaderamente llevaría las riendas de ese departamento.

Y al mando, siempre supuestamente, estarían Torres Hurtado, Isabel Nieto y Lorente, al que los investigadores otorgan un papel protagonista. «En las diferentes declaraciones aportadas por los testigos, se recoge que la persona que daría las directrices y estaría en la cúspide de esta trama sería el alcalde José Torres Hurtado, quien estaría al tanto de todo lo acontecido en el urbanismo de Granada, confiando en sus dos más estrechos colaboradores, Manuel Lorente e Isabel Nieto», detalla el informe policial en el que se apoyaron tanto la fiscalía como el juzgado para imputar a los sospechosos. «La persona –agrega el atestado– que controlaría de facto el urbanismo» de la capital sería Lorente, «ya fuera desde su anterior puesto de gerente» del área, «como de su actual puesto como director técnico de obras».

Por lo que se refiere a Isabel Nieto, sería el brazo ejecutor de Torres Hurtado en Urbanismo. De hecho, dicen los investigadores, «tomó posesión del cargo» de concejala de ese departamento «con las instrucciones precisas (...) de desbloquear todos los temas pendientes de algún trámite de José Julián», uno de los empresarios investigados.

Estos últimos, durante los interrogatorios en sede judicial, negaron cualquier irregularidad. Así, Torres Hurtado negó con un rotundo «nunca jamás» que existiera en el Ayuntamiento un acuerdo para beneficiar a promotores inmobiliarios.

«No participo en ninguna decisión urbanística. No he recibido a ningún empresario que tuviera una licitación por resolver. No he influido en ningún funcionario. Los conozco poquísimo», dijo el exalcalde durante su declaración.




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